La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha vuelto a trasladar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) su inquietud por los problemas que están afrontando numerosos profesionales del campo durante la actual campaña de la PAC. La organización señala que la obligación de incluir el NIF de los arrendadores o cedentes de las parcelas está generando importantes dificultades y ha pedido que se revise esta exigencia.

En plena fase de tramitación de la Solicitud Única, la organización asegura estar constatando sobre el terreno complicaciones reales para cumplir con este requisito, algo que ya había advertido previamente al Ministerio. Insisten en que no se trata de una falta de voluntad para cumplir la normativa, sino de trabas prácticas derivadas de la realidad de la propiedad rústica en España, como herencias sin formalizar, desajustes entre catastro y registro, situaciones de copropiedad o problemas para identificar a los titulares de las parcelas.

Además, se advierte de que estas incidencias pueden tener consecuencias importantes. A diferencia de otros errores que afectan solo a parcelas concretas, en este caso podrían poner en riesgo la validez de toda la solicitud de ayudas, generando una notable inseguridad entre agricultores y ganaderos.

Queremos recordar que Unión de Uniones ya había solicitado mantener la redacción anterior de la norma y que alertó de los problemas que esta modificación podía ocasionar. Incluso presentó un voto particular en el Comité de Seguimiento en contra de su inclusión en los cambios del PEPAC remitidos por el MAPA a Bruselas. Como alternativa, propusieron elevar el umbral de superficie a partir del cual fuese obligatorio declarar el NIF del arrendador, teniendo en cuenta la elevada fragmentación de la propiedad agraria en algunas zonas.

Sin embargo, estas propuestas no fueron aceptadas por el Ministerio, que defendió la medida como una forma de reforzar los controles frente a posibles fraudes. Ahora, ante las dificultades que están surgiendo en la práctica, la organización considera urgente revisar esta obligación y ha solicitado formalmente que se rectifique la normativa, bien recuperando el modelo anterior o, al menos, aumentando el umbral hasta las 4 hectáreas por recinto.

Consideramos que esta exigencia puede poner en peligro ayudas fundamentales para la viabilidad de muchas explotaciones pequeñas, al requerir acreditar sobre el papel situaciones que, en muchos casos, resultan imposibles de demostrar en la práctica.