UGAMA ha constatado que, desde el pasado 28 de febrero, fecha en la que comenzó el conflicto bélico en Oriente Medio, el precio del gasóleo agrícola ha experimentado una subida rápida de alrededor del 4 % hasta el día de ayer. Todo ello, según subraya la organización, sin que se haya registrado ninguna interrupción del suministro en España, por lo que reclama la adopción de medidas urgentes para frenar esta escalada.

La organización agraria advierte de que el encarecimiento del combustible se ha producido de forma casi inmediata tras el estallido del conflicto y considera que no responde a factores reales de mercado, sino a movimientos especulativos. A su juicio, se trata de un comportamiento que el sector agrario ya ha vivido en otras ocasiones: ante cualquier tensión internacional los precios reaccionan con subidas rápidas, mientras que las bajadas suelen ser más lentas y limitadas cuando la situación se estabiliza.

UGAMA recuerda que a lo largo de 2025 el precio del gasóleo agrícola se movió entre un mínimo cercano a 1,08 euros por litro —media nacional registrada a mediados de junio— y un máximo de 1,18 euros por litro a finales de febrero. “Con un consumo anual estimado de unos 2.000 millones de litros, pagar el combustible a 1,18 euros en lugar de a 1,08 supondría un sobrecoste de unos 200 millones de euros para agricultores y ganaderos. Habrá que ver ahora hasta dónde llega el precio”, apuntan. La organización recuerda además que, tras el inicio de la guerra en Ucrania, el gasóleo llegó a situarse en torno a los 1,7 euros por litro.

Un 25 % del precio corresponde a impuestos

La organización también pone el foco en la carga fiscal del combustible. Según sus cálculos, aproximadamente una cuarta parte del precio del gasóleo corresponde a impuestos, principalmente al Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) y al IVA. “Resulta especialmente llamativo que también se aplique IVA sobre el propio impuesto especial”, critican.

Aunque existe un sistema de devolución del IEH para el gasóleo agrícola, UGAMA considera que llega demasiado tarde y que, además, solo beneficia aproximadamente a la mitad del combustible consumido debido a la complejidad del procedimiento administrativo.

Por otro lado, la organización teme que el incremento del precio del combustible —no solo del agrícola— termine repercutiendo también en otros insumos básicos, como los fertilizantes o la electricidad, lo que podría elevar de forma notable los costes de producción en el sector. En este contexto, insisten en la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria para que los precios que reciben agricultores y ganaderos reflejen adecuadamente esos aumentos de costes.

Ante esta situación, UGAMA reclama al Gobierno, a la Unión Europea y a las comunidades autónomas que actúen con anticipación y no esperen a que la crisis del sector se agrave para intervenir. “Estamos hablando de un sector estratégico y es necesario adoptar medidas preventivas”, señalan.