Las adversas condiciones meteorológicas han impedido la celebración de la concentración prevista para este jueves 29 de enero en la Puerta del Sol de Madrid, pero no han frenado las demandas del conjunto del sector primario madrileño, surgidas a raíz del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. En lugar de la protesta, una delegación de las cinco organizaciones agrarias de la Comunidad de Madrid —UGAMA, AGIM-COAG, ASAJA Madrid, UPA Madrid y UCAM— fue recibida en la sede del Gobierno regional. En la reunión participaron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo; y el director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel de Oteo.

Durante el encuentro, las organizaciones expusieron a los responsables autonómicos las principales reivindicaciones que motivaban la movilización inicialmente convocada, situando el acuerdo UE-Mercosur como elemento detonante. En este sentido, se manifestó el rechazo a la forma en que se ha cerrado dicho acuerdo. El sector agrario madrileño no se opone al establecimiento de relaciones comerciales con Mercosur, pero sí rechaza de manera contundente que el campo europeo termine siendo la moneda de cambio en las negociaciones. Reclaman relaciones comerciales equilibradas, con las mismas exigencias para todos los operadores y con un presupuesto sólido que tenga en cuenta el impacto de la inflación en el sector agrario europeo.

El aumento de la burocracia procedente de la Unión Europea fue señalado igualmente como uno de los principales problemas del sector. A mayor carga administrativa, menos tiempo para producir. En palabras del propio sector: menos papeleo y más campo. En este contexto, se considera prioritaria la implantación de una solicitud única que simplifique los trámites. En el ámbito ganadero, se planteó la creación de una oficina virtual sanitaria que permita centralizar movimientos, tratamientos, registros y otras gestiones habituales de las explotaciones, lo que supondría una reducción efectiva y significativa de la burocracia.

Las organizaciones también pusieron sobre la mesa su preocupación por los daños provocados por la fauna silvestre en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Aunque existe coordinación entre las áreas de agricultura y biodiversidad a nivel nacional, esa colaboración no siempre se traduce con agilidad en el territorio. En problemas que requieren una respuesta inmediata, la demora implica actuar fuera de plazo. Un ejemplo actual es la siembra de cereal, gravemente afectada por la proliferación del conejo en amplias zonas cultivadas. Entre las medidas solicitadas se encuentran la ampliación de los periodos y condiciones de caza y la agilización de los permisos, ya que, como se señaló, “si el permiso llega tarde, no tiene un efecto real”.

En relación con los ataques del lobo, las asociaciones reconocieron el aumento de las indemnizaciones en más de un 25 %, aunque subrayaron que las cuantías siguen siendo insuficientes y no cubren las pérdidas reales. Asimismo, reclamaron una mayor agilidad en los peritajes realizados por el cuerpo de forestales, fundamentales para los procesos de compensación. La recuperación de la especie en la Comunidad de Madrid no se considera un problema en sí mismo, pero se insiste en que la convivencia entre el lobo y la ganadería no debe recaer económicamente sobre el ganadero.

En el ámbito autonómico, la reunión sirvió también para abordar la situación del regadío. Muchas de las infraestructuras dependientes de la Confederación Hidrográfica del Tajo están obsoletas, lo que reduce la eficiencia y mantiene al regadío madrileño en una situación de atraso. Las asociaciones son plenamente conscientes de la necesidad de moderar el consumo de agua y hacer un uso responsable del recurso, pero consideran que las infraestructuras actuales no permiten avanzar en esa dirección. La modernización del regadío aporta soluciones parciales, pero no resuelve el problema de fondo, por lo que reclaman un esfuerzo coordinado de todas las administraciones.

Otro de los ejes centrales de las reivindicaciones es la defensa de una Política Agraria Común fuerte. Para la elaboración de unas partidas presupuestarias robustas resulta imprescindible que las instituciones europeas tengan en cuenta las particularidades de los distintos territorios. Las regiones deben poder diseñar medidas adaptadas a sus realidades. Una PAC común, pero al mismo tiempo flexible, permite vertebrar el territorio, dinamizar las economías rurales y garantizar la viabilidad de proyectos que están expuestos a riesgos climatológicos, sanitarios y también derivados de la fauna salvaje.

El relevo generacional fue otro de los asuntos tratados. La agricultura y la ganadería son sectores especialmente envejecidos y la falta de incorporación de jóvenes conlleva el abandono de explotaciones y la pérdida de vida en el medio rural. Las organizaciones señalaron que las últimas medidas adoptadas en la Comunidad de Madrid están dando resultados positivos. La posibilidad de compatibilizar actividades ha funcionado y ha aumentado el número de jóvenes interesados en incorporarse al sector. Sin embargo, la insuficiencia presupuestaria ha dejado fuera a muchos solicitantes. Por ello, consideran fundamental que la Comunidad incremente los fondos destinados a estas políticas en los próximos años, ya que no resulta coherente frenar el relevo generacional por una mera cuestión económica.

Las organizaciones agrarias madrileñas agradecieron la disposición mostrada por el Gobierno regional y valoraron positivamente la reunión. De este encuentro surge el compromiso de mantener nuevas reuniones que permitan profundizar en la adopción de medidas eficaces y relevantes para reforzar el sector agrario y mejorar su rentabilidad en el conjunto de la Comunidad de Madrid.